Aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Dependencia

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida popularmente como Ley de Dependencia, quedaba aprobada por el pleno del Congreso consiguiéndose así un importante y nuevo derecho para la ciudadanía, un derecho reconocido en varios estados europeos. Ya en 2002 la Unión Europea estableció tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. Además, en el caso de España, se daba una nueva situación y era el progresivo envejecimiento de la población.

Esta Ley garantiza el derecho de todos los ciudadanos españoles que no pueden valerse por sí mismos al encontrarse en una situación de dependencia, a recibir la atención y la ayuda necesaria. Con la aprobación de esta Ley se creó también el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, conocido como el SAAD. A través de esta Ley se pretende alcanzar la autonomía personal de las personas dependientes y de sus cuidadores, una labor que hasta entonces recaía principalmente en las familias y más concretamente en las mujeres. Los grupos de población que englobaban a todas las personas dependientes o con riesgo de serlo, eran atendidos originariamente a través de servicios asistenciales autonómicos y locales, o también a través del sistema de Seguridad Social. Para cubrir este vacío legal que existía en este ámbito, se decidió crear esta ley que regulara estos aspectos y procesos, y que además se encargara de establecer los límites y diferentes clases en que se pudiesen distribuir a las personas según les correspondía dependiendo del grado de enfermedad o dependencia que tuvieran. Para ello, el Estado y las Comunidades Autónomas se dotaron de unos recursos y prestaciones a los que podrían acceder todas aquellas personas que cumpliesen los requisitos establecidos en la Ley de Dependencia.

Entraría en vigor a partir del 14 de diciembre de 2006 tras su publicación en el BOE.

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