La Ley 13/2005, de modificación del Código Civil en materia de matrimonio, aprobada el 30 de junio, publicada el 2 de julio y en vigor desde el 3 de dicho mes, vino a otorgar la plena ciudadanía a quienes aún estaban privados de ella, el colectivo LGTB.

Se modificaba así el Código Civil para “abrir” el matrimonio a toda la ciudadanía, sin distinción alguna, siguiendo las pautas de la Resolución 28/1994 del Parlamento Europeo, que recomendaba se pusiera fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de hombres o de mujeres, garantizando a dichas uniones los plenos derechos y beneficios del matrimonio.

Recogido en el programa electoral del PSOE, fue uno de los principales avances sociales conseguidos gracias al trabajo que durante años vinieron realizando los distintos colectivos afectados.

Pasos previos en España habían sido los casos de Cataluña en 1998, aprobando su ley de parejas, seguida posteriormente por las comunidades de Aragón, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid.

Pese a la dura oposición del Partido Popular y de la jerarquía católica, convocando grandes manifestaciones de protesta y repulsa como la del Foro de la Familia del 18 de junio anterior a la aprobación de la ley, el trámite fue relativamente rápido gracias al trabajo parlamentario previo de búsqueda de apoyos. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 1 de octubre de 2004 y el Congreso votó la ley el 30 de junio de 2005 (después de haber sido rechazada en el Senado por la mayoría del Partido Popular) saliendo adelante gracias a los 187 votos del PSOE, Izquierda Verde, Izquierda Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Chunta Aragonesista y los votos particulares de Carles Campuzano y Merce Pigen de Convergencia Democrática de Cataluña y el de Celia Villalobos del Partido Popular. En contra votaron un total de 147 diputados, el Partido Popular junto con Unió Democrática de Cataluña. Los cuatro diputados restantes de Convergencia Democrática de Cataluña se abstuvieron.

El Partido Popular continuó con su campaña en contra de esta ampliación de libertades presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional que terminó resolviendo el 6 de noviembre de 2012 a favor de la ley con 8 votos a favor y 3 en contra.

España se había convertido en el tercer país en el mundo, tras los Países Bajos y Bélgica, en legalizar el matrimonio homosexual.

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