El 5 de junio de 1934, aprovechando el periodo de cosecha, comenzó una huelga general campesina promovida por la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (fundada en junio de 1930 dentro de la UGT y con cerca de medio millón de afiliados en 1934, y cuyo órgano de expresión era El Obrero de la Tierra) como respuesta a las políticas contrarreformistas del gobierno de la CEDA que desde finales de 1933 venía aprobando en materia sociolaboral agraria.

Desde la proclamación de la República en abril de 1931 la legislación social a favor de los campesinos había sido amplia, con medidas como la prohibición de expulsión de pequeños arrendatarios, la jornada de ocho horas, los términos municipales, los contratos colectivos, el laboreo forzoso de tierras… Asimismo, se quería paralizar el boicot que la patronal agraria realizaba a los Jurados Mixtos del Trabajo Rural en su función de mediadores y de arbitraje. También existía un generalizado sentimiento de defensa frente al revanchismo de la patronal contra los afiliados a la UGT-FETT tras el triunfo de las derechas en 1933, hecho que llevo a provocar una merma en la afiliación al sindicato debido al temor a las represalias empresariales, arriesgándose uno a no ser contratado por los terratenientes para trabajar.

Las negociaciones con el Gobierno no llegaron a buen término. Unos días antes de reunirse con el ejecutivo, el 12 de mayo el Comité Nacional de la FETT solicitó a las ejecutivas provinciales la remisión de los oficios de huelga donde se plasmarían las reivindicaciones básicas, como la aplicación del laboreo forzoso y el trabajo a los parados; la intensificación de los trabajos de las obras públicas (obras de riego, construcción y reparación de carreteras, principalmente en Andalucía y Extremadura); el cumplimiento de las Bases de Trabajo acordados por los Jurados Mixtos; el establecimiento de un salario mínimo agrícola; la agilización de los recursos frente al incumplimiento de las leyes por parte de la patronal y la aplicación en su totalidad de la Ley de Reforma Agraria (aprobada en septiembre de 1932). Ante la amenaza de una huelga general, el Gobierno ordenó a finales del mes de mayo considerar la recolección de 1934 como un servicio público, dejando así la convocatoria fuera de la ley, prohibiendo las reuniones para su organización, suspendido temporalmente El Obrero de la Tierra y arrestados algunos dirigentes locales. Además, entre los meses de abril y mayo de 1934, se procedió a la devolución de las tierras confiscadas a los terratenientes implicados en el golpe de agosto de 1932, el 24 de mayo se derogó la Ley de Términos Municipales y se estableció como límite el otoño de 1934 para la expulsión de los jornaleros asentados en fincas improductivas en 1932 para luchas contra el desempleo.

Finalmente la huelga tuvo lugar, afectando más de 700 municipio de 38 provincias, teniendo especial relevancia en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Nueva. La duración de la misma fue de entre una semana, por lo general, y dos en aquellas zonas con mayor arraigo de la UGT o en las que tomó forma el Frente Único Campesino en alianza con la CNT.

El poco éxito de la huelga vino dado, en gran parte, por la represión gubernamental así como por la censura en la prensa. Se produjeron cerca de 13 muertos y más de 200 heridos, principalmente por enfrentamientos entre huelguistas y esquiroles. Numerosos ayuntamientos fueron suprimidos y más de 7000 campesinos fueron encarcelados (permaneciendo muchos de ellos hasta un mes en la cárcel, pero recibiendo toda la atención necesaria por parte de la FETT, de la UGT y del PSOE) y la FETT quedó gravemente dañada no recuperándose hasta el triunfo electoral del frente Popular en febrero de 1936.

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