El 5 de mayo de 1945 las tropas del III Ejército de los Estados Unidos, al mando del general George S. Patton, liberaron el campo de concentración de Mauthausen, enclavado en la Alta Austria, poniendo fin a uno de los episodios más sombríos de la barbarie nazi. Entre los supervivientes se encontraban miles de ciudadanos españoles, deportados en su inmensa mayoría tras el éxodo que siguió a la derrota de la República en la Guerra Civil española. Aquella fecha, convertida hoy en jornada de recuerdo internacional, constituye el eje cronológico en torno al cual se articula el homenaje que anualmente rinde la sociedad española a quienes padecieron el terror de los campos de exterminio nazis.
Se calcula que cerca de 9.000 republicanos españoles fueron internados en los campos de concentración alemanes, fundamentalmente en Mauthausen y en sus subcampos satélites de Gusen y Ebensee. De ellos, aproximadamente 5.000 perdieron la vida a consecuencia de las condiciones de trabajo forzado, el hambre, las ejecuciones sumarias y los experimentos médicos a los que fueron sometidos. Esta cifra sitúa a los españoles entre los grupos nacionales que mayor porcentaje de mortalidad registraron en el interior del sistema criminal nazi, un dato que la historiografía contemporánea ha ido precisando gracias a la apertura progresiva de los archivos europeos.
La vía por la que los republicanos españoles llegaron a los campos nazis fue singularmente tortuosa. Tras la caída de Cataluña en enero de 1939, centenares de miles de combatientes y civiles cruzaron la frontera con Francia, donde fueron encarcelados en campos de internamiento —Argelès-sur-Mer, Le Barcarès, Gurs— bajo condiciones de notable precariedad. Cuando Alemania invadió Francia en junio de 1940, muchos de estos españoles fueron hechos prisioneros de guerra; al carecer de Estado que los amparase —el régimen franquista había renunciado a reclamarlos—, las autoridades alemanas los clasificaron como Rotspanier (españoles rojos) y los deportaron a Mauthausen con la categoría de presos políticos, marcados con el triángulo azul distintivo de los apátridas.
El reconocimiento institucional de esta tragedia ha seguido, en España, un camino notablemente tardío y, en buena medida, inconcluso. Durante las cuatro décadas de dictadura franquista, la memoria de los deportados fue objeto de un silencio oficial que se perpetuó, con matices, durante los primeros años de la Transición. Fue principalmente gracias a la labor de las asociaciones de supervivientes y de sus descendientes —entre las que destaca la Amical de Mauthausen y otros campos— como se mantuvo viva la llama de la memoria en las décadas inmediatamente posteriores al fin de la guerra. La aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y, posteriormente, de la Ley de Memoria Democrática de 2022 han contribuido a dotar a esta conmemoración de un marco jurídico que obliga a los poderes públicos a preservar, difundir y dignificar la memoria de las víctimas.
El acto de homenaje que cada 5 de mayo se celebra en Mauthausen —y de manera simultánea en numerosas ciudades españolas— trasciende la dimensión estrictamente conmemorativa para erigirse en una declaración de principios democráticos. La presencia de representantes institucionales, supervivientes, familias de deportados y ciudadanía organizada en torno a una misma ceremonia de recuerdo constituye un acto de reparación simbólica que restituye, aunque sea de forma parcial e inevitablemente tardía, la dignidad arrebatada a quienes fueron víctimas de una doble persecución: la del fascismo español y la del nazismo alemán. Honrar su memoria no es únicamente un imperativo ético frente al pasado; es, sobre todo, una garantía activa contra la repetición del horror en el presente y en el futuro.