El día 15 de diciembre de 1931 formó Manuel Azaña su segundo gobierno –y tercero de la República–, que sería el más largo y fructífero de todos los del nuevo régimen, y que presentó a las Cortes dos días más tarde. Tras tensos debates, sobre todo por la discusión de los artículos vinculados con la relación Iglesia-Estado, el día 9 había sido aprobado por fin el nuevo texto constitucional, por parte de 368 diputados, a los que se sumaron las 17 adhesiones de los ausentes del Pleno del Congreso, sin que hubiera votos en contra, pues los de derecha y extrema izquierda que no estaban de acuerdo se ausentaron del hemiciclo. Al día siguiente se procedió a elegir presidente de la República, siéndolo Niceto Alcalá Zamora, quien obtuvo 362 de los 410 votos posibles. Su solemne juramento ante la Cámara, la recepción y el desfile militar ante el Palacio de Oriente de un día después, fueron multitudinarios, pero no tan festivos como había sido la apertura de las Constituyentes, llegándose a silbar a la Guardia Civil.

Azaña mantuvo básicamente a las mismas personas de su anterior gobierno, aunque cambiando algunas carteras. La única variación de importancia fue la eliminación de los dos ministros que el Partido Republicano Radical aportó al anterior gobierno: Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, lo que indicaba un giro a la izquierda del nuevo gobierno. Acción Republicana contaba con la Presidencia y dos carteras (el propio Azaña, en Guerra, y José Giral, en Marina). Los socialistas conservaron los tres ministros que habían participado en los dos gobiernos provisionales, aunque dos de ellos en distintas responsabilidades: Largo Caballero, en Trabajo; Indalecio Prieto, en Obras Públicas; y Fernando de los Ríos, en Instrucción Pública. El Partido Republicano Radical Socialista, dos: Álvaro de Albornoz, en Justicia; y Marcelino Domingo, en Agricultura, Industria y Comercio. La Federación Republicana Gallega mantuvo a Santiago Casares Quiroga, en Gobernación. También abandonó el gobierno Acción Catalana, que fue sustituida por Esquerra Republicana de Catalunya (Jaume Carner, en Hacienda). El Ministerio de Estado lo ocuparía el independiente Luis de Zulueta Escolano.

La anterior coalición quedó reducida a una alianza de los partidos republicanos de izquierda –Acción Republicana, Partido Radical-Socialista y nacionalistas catalanes y gallegos– con el Partido Socialista. Lo que perdió en amplitud lo ganó en homogeneidad y coherencia interna para abordar una serie de reformas, algunas aprobadas ya con anterioridad a la Constitución, otras en fase de elaboración y dictamen, y otros mandatos que aquella imponía a la Cámara. Entre las primeras destacaba la legislación laboral y la reforma militar; la más importante de las dictaminadas era la reforma agraria; y entre los mandatos constitucionales destacaban la Ley de Congregaciones Religiosas, la Electoral y la del Tribunal de Garantías Constitucionales. En el programa del gobierno se incluía también una nueva Ley de Orden Público que sustituyera a la de Defensa de la República, aprobada en el período anterior y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Pero el día 31 de diciembre los campesinos en huelga de Castilblanco (Badajoz) tuvieron una altercado con la Guardia Civil, en el que los enardecidos jornaleros rodearon a cuatro guardias y los asesinaron. Estas muertes tuvieron mucha mayor resonancia que las más numerosas ocasionadas por la fuerza pública, contribuyendo a envenenar la situación. Una semana más tarde, el 6 de enero, los civiles dispararon a bocajarro contra una manifestación obrera en Arnedo (La Rioja), con resultado de seis muertos, entre ellos cuatro mujeres, y treinta heridos. El mismo mes de enero, en la cuenca minera del Alto Llobregat, los mineros se apoderaron de los Ayuntamientos y proclamaron el comunismo libertario, movimiento que fue de inmediato respondido por el Ejército, a lo que la CNT reaccionó con una huelga general de protesta.

De tal modo que Azaña encaraba 1932 contando con el apoyo de los republicanos liberales y los socialistas, la oposición de monárquicos y católicos, la hostilidad de los anarquistas y la desilusión de destacados intelectuales. Los principales conflictos parlamentarios girarían sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El nuevo presidente era un católico y su jefe de gobierno un anticlerical. El problema del futuro sería consolidar la República en esas circunstancias.

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