Desde el inicio de la transición política, el PSOE deseó que la futura Constitución fuese producto del compromiso de todas las fuerzas democráticas parlamentarias frente a la posición del gobierno Suárez a favor de que fuera redactada por un equipo de expertos.

Tras la correspondiente negociación, se decidió que su texto fuese elaborado por una Ponencia de diputados, para pasar luego a Comisión y Plenos, tanto del Congreso como del Senado. La primera quedó en un principio cuantificada en tres diputados de UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca), dos del PSOE (Gregorio Peces-Barba y Alfonso Guerra), uno del PCE (Jordi Solé Tura), y otro de AP (Manuel Fraga Iribarne). Pero el PSOE cedió una de sus dos plazas (Guerra) en favor de las minorías nacionalistas vasca y catalana (Miguel Roca), siendo finalmente Peces-Barba el único representante socialista en la Ponencia. Los “siete padres constitucionales” comenzaron a trabajar con rapidez en la elaboración de un texto constitucional acordado que permitiese la tan deseada estabilidad política. Durante maratonianas sesiones de trabajo que duraron en la práctica todo el año 1978, consiguieron redactar un texto básico que, sin contentar a todos, dejaba establecidos unos principios que fueron aceptados en su conjunto.

Previamente a ello, a mediados de agosto de 1977, una veintena de socialistas celebraron unas jornadas en el parador de Sigüenza, de las que saldría un esquema de texto, en el que colaboraron expertos especialistas que asesorarían también a Peces-Barba en sus aportaciones a la Ponencia entre los meses de septiembre y diciembre de ese año. La vía pactada del consenso obligaba a todos los partidos a actuar con la suficiente flexibilidad, a la vez que a mantener sus posiciones ideológicas tradicionales. Tan difícil equilibrio dio lugar a numerosas incidencias, como cuando Peces-Barba abandonó en marzo la Ponencia ante la pretensión de UCD de introducir importante modificaciones a un texto ya acordado, o cuando se filtró el borrador del anteproyecto a la revista “Cuadernos para el Diálogo”. Las presiones externas fueron también constantes por parte del Ejército, la Iglesia católica y la patronal, en lo referente a la enseñanza, sistema económico, huelga o matrimonio, siéndolo más aún con la inclusión del término “nacionalidades”.

En ese clima se iniciaron las discusiones de las enmiendas en la Comisión del Congreso, cuyas sesiones se celebraron durante los meses de mayo, junio y julio de 1978. Las discrepancias sobre la defensa del sistema republicano, la mayoría de edad a los 18 años, la abolición de la pena de muerte, o la suspensión de derechos que previamente se habían declarado fundamentales, pusieron en peligro el mantenimiento del consenso constitucional, delatando una proximidad entre UCD y AP. Pero los discretos contactos entre Alfonso Guerra y el vicepresidente del gobierno, Fernando Abril Martorell, hicieron cambiar de táctica al presidente Suárez, acercándose más a los socialistas, quienes informaban también a comunistas y nacionalistas de los acuerdos en “petit comité” a que iban llegando con los centristas. Aunque la discusión de la enmienda para garantizar los derechos forales vascos que el PNV intentó introducir provocaría la abstención de éstos en el referéndum final. Por fin, el 24 de julio se aprobó en el Congreso un texto por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Entre agosto y octubre fue debatido en el Senado, siendo aprobadas las correspondientes modificaciones, que fueron nuevamente debatidas y aprobadas el día 20 por la Comisión Mixta de Congreso y Senado. Los Plenos de ambas Cámaras, por separado, ratificaron el mismo día, 31 de octubre, dicho dictamen.

El resultado en el Congreso fue de 316 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Los diputados del PNV se ausentaron. Los seis votos en contra fueron de los diputados de Alianza Popular, Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, José Martínez Emperador, Pedro de Mendizábal y Alberto Jarabo Payá, y, por parte de Euskadiko Esquerra, de Francisco Letamendía. Además de los diputados del PNV, también se abstuvieron Licinio de la Fuente, Modesto Piñeiro y Álvaro Puerta, de AP; Heribert Barrera, Jesús Aizpún, Morales Mora y Joaquín Arana, El Pleno del Senado dio su visto bueno al dictamen por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.

Una vez aprobado el texto constitucional, fue sometido a referéndum el 6 de diciembre, siendo aprobado por el 87,7% de los votos. Finalmente, sería sancionado por el rey en solemne sesión de las Cortes Españolas el 27 de diciembre de 1978. Según su primer artículo, España quedó definida como “Un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

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