Tras el reparto de territorios resultante de la Conferencia de Algeciras de 1906, si bien con menor implantación que el resto de potencias europeas, influyentes grupos económicos españoles habían extendido sus intereses en el norte de África y presionaban a favor de una intervención militar que asegurase las inversiones mineras de la Sociedad Española de Minas del Rif y de la Compañía Norte-Africana.

El 9 de julio de 1909 fueron atacados por las cabilas de la zona los obreros españoles que trabajaban en el tendido del ferrocarril entre Melilla y las explotaciones mineras, con el resultado de media docena de muertos y un centenar de heridos. El ataque dio lugar a que el gobierno de Maura decretase el inmediato el envío de 20.000 hombres como tropas de refuerzo, entre las que se incluyeron contingentes de reservistas de los cupos de 1903 a 1907, lo que produjo el consiguiente malestar de las clases populares. El injusto sistema de “remisión en metálico” del servicio militar –a cambio del abono de una cuota de entre 1.500 y 2.000 pesetas– resultaba especialmente sangrante en una coyuntura económica y social especialmente dura para las familias trabajadoras, lo que dio lugar a una reacción popular fuertemente antibelicista que fue decididamente apoyada por la organización socialista, que ya el día 26 de junio había lanzado un manifiesto contra la guerra. Reactualizaron el famoso lema de la guerra de Cuba: “O TODOS, O NINGUNO”.

En un mitin celebrado el 11 de julio, Pablo Iglesias expresó públicamente lo que opinaban gran número de trabajadores: “Aquí en España se está arrebatando a los reservistas de sus hogares. Y todavía se les escarnece por unas señoras hipócritas que a los embarques acuden para repartir pitillos, algunos céntimos y escapularios entre los pobres soldados, mientras ellas libran a sus hijos de ir a la guerra”. Unos días después, los soldados que estaban siendo embarcados en el puerto de Barcelona arrojaron al agua las baratijas recibidas, al tiempo que prorrumpían en gritos contra la guerra. El PSOE y la UGT decidieron declarar una huelga general contra el conflicto bélico para el día 2 de agosto. Sin embargo, el comité de la organización unitaria Solidaridad Obrera de Barcelona, del que también formaba parte la UGT, temiendo que el gobierno suspendiera las garantías constitucionales, decidió anticipar la huelga para el 26 de julio.

El paro tuvo un éxito inicial en fábricas y talleres pero, cuando los huelguistas intentaron impedir el paso de los tranvías, las fuerzas de orden público dispararon contra ellos, iniciándose una espiral de enfrentamientos que degeneraron en una insurrección abierta, en la que los huelguistas se hicieron dueños durante cinco días de Barcelona y su provincia. Las Juventudes Socialistas madrileñas dieron su apoyo organizando actos de protesta en la Estación del Mediodía, de donde salían trenes militares para la ciudad condal, al tiempo que eran detenidos los más destacados líderes socialistas, entre ellos el propio Pablo Iglesias, Largo Caballero, García Quejido y Francisco Mora, clausurada la nueva Casa del Pueblo, y secuestrado su órgano de prensa, “El Socialista”.

La consiguiente resistencia rifeña no se hizo esperar, como demostró con la acción bélica que tendría lugar el día 27, en que el ejército español sufrió el “desastre militar” del Barranco del Lobo, lugar próximo a Melilla, siendo seriamente castigado y sufriendo las bajas de 150 hombres, incluido el general Pintos, tres coroneles y doce oficiales, además de varios centenares de heridos. Las noticias que llegaban a la península no hicieron más que empeorar la situación, tanto de las protestas como de las reacciones gubernamentales. En los duros enfrentamientos de lo que se conoció como “Semana Trágica de Barcelona” se produjeron más de cien muertos y cuatrocientos heridos, así como cuantiosas destrucciones en edificios e instalaciones. La consiguiente represión, que no sólo se limitó a Cataluña, fue desproporcionada e indiscriminada, siendo detenidos varios miles de personas, de las que dos mil fueron procesadas y diecisiete condenadas a muerte por tribunales militares, siendo finalmente cinco los ejecutados. Entre estos estuvo el pedagogo Francisco Ferrer Guardia, sin pruebas convincentes de su participación, lo que levantó una oleada de indignación en los medios de la izquierda liberal europea.

Quedaba abonado el terreno para la Conjunción Republicano-Socialista.

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